Más de 1 millón y medio de personas -tanto personas refugiadas Rohingya como comunidades vulnerables de acogida- dependen de la Asistencia Humanitaria para sobrevivir.

El pueblo rohingya se ha enfrentado a décadas de discriminación sistemática, abusos y violencias en el estado de Rakhine, Myanmar. Esta persecución ha obligado a la población a huir hacia Bangladesh.

En 2017 una Crisis Humanitaria masiva en el estado de Rakhine de Myanmar, en el extremo noreste de la bahía de Bengala, provocó que cientos de miles de personas rohingyas aterrorizadas cruzaran la frontera hacia Bangladesh. El 60% de ellos eran menores y todos manifestaban haber presenciado una violencia indescriptible.

2024 es el séptimo año de permanencia de la población refugiada rohingya en los campos de refugiados de Cox’s Bazar siendo ésta ya una crisis prolongada en el tiempo, sin esperanza alguna a corto plazo de resolverse de manera favorable para las personas refugiadas que dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria internacional. 

Según Naciones Unidas, un millón de personas refugiadas rohingya viven en los campos de Cox’s Bazar y en la isla de Bhasan Char (Bangladesh). Todas estas personas dependen de la asistencia humanitaria para vivir.  El 52% son mujeres y niños.

Seis años después de que la violenta operación militar de las fuerzas de seguridad de Myanmar provocara la mayor afluencia de personas refugiadas rohingya a Bangladesh, las condiciones de vida de estas personas en los campos de refugiados son cada vez más difícil. Las necesidades humanitarias son muy elevadas haciendo que las personas dependan exclusivamente de la ayuda internacional.

Lo más preocupante es el riesgo de las personas más vulnerables (mujeres y niños) a ser objeto de abusos y violencia. Las condiciones de vida dentro de los campos, donde las personas refugiadas viven sin derecho a un refugio permanente o a desarrollar una actividad económica, provocan que las tensiones entre las propias comunidades aumenten.

El retorno de la población refugiada a Myanmar en el corto y medio plazo continúa siendo poco probable, especialmente después del golpe de estado del 1 de febrero 2021, que ha sumido el país en una situación de conflicto y fuerte inestabilidad. La reciente intensificación del conflicto en la región de Rakhine, ha hecho crecer los temores de que aún más personas huyan hacia Bangladesh.

El Gobierno de Bangladesh, en la ausencia de otros tipos de soluciones, empezó en diciembre 2020 la reubicación de parte de la población a la isla de Bhasan Char. Alrededor de 30 000 personas refugiadas residen actualmente allí.

Geográficamente las zonas de asentamiento de los desplazados son zonas de colinas cerca de la bahía de Bengala, muy propensas a ciclones y otras catástrofes naturales. Las zonas montañosas son propensas a deslizamientos de tierra por la inestable estructura del suelo, debido a la deforestación, lo que hace a las comunidades muy vulnerables a las lluvias monzónicas que se repiten todos los años en entre mayo y julio.  A esta situación de vulnerabilidad se añade el azote de ciclones y tormentas.

El tifón Mocha, catalogado como huracán de máxima categoría, sacudió la zona el 14 y 15 de mayo 2023. Tras su estela se calculan más de 400 000 personas afectadas, unas 2500 casas destruidas por completo y más de 10 000 con daños parciales. En los campos ha habido daños significativos en cerca de 3000 refugios, así como centros sanitarios, educativos e instalaciones de agua y saneamiento.

Las infraestructuras de los campos de refugiados son muy precarias y hay factores estructurales que continúan siendo un reto en la respuesta a esta crisis:

• importantes limitaciones en la infraestructura de aguas, saneamiento e higiene;
• el gobierno de Bangladesh no permite la construcción de hogares permanentes donde las personas pudieran tener un hogar. La consecuencia con: refugios inadecuados por espacio y por debilidad de las estructuras;
• las carreteras internas y externas son limitadas o no hay un buen acceso a las mismas;
• faltan espacios para actividades comunitarias y áreas recreativas para las personas;
• ausencia de sistema de gestión de residuos;
• ausencia de sistemas de educación formal para niños y niñas;
• riesgo permanente de sufrir abusos y violencia hacia mujeres y niñas;
• riesgo de trata de seres humanos.

Las comunidades de acogida que viven dentro del perímetro de los campos de refugiados y dependen de la agricultura, se encuentran ahora en situación de vulnerabilidad, debido a la reducción de las oportunidades de empleo y la presión sobre los recursos naturales.

La sobrepoblación sigue siendo uno de los mayores desafíos de los campos de refugiados, lo que ha degenerado en graves repercusiones en el bienestar físico y psicológico de las personas refugiadas, especialmente de los niños/as, las mujeres y las personas con discapacidad.

Durante la temporada de lluvias se deterioran las carreteras , los caminos y las redes de escaleras, con lo que se dificulta el acceso a servicios básicos y aumenta la inseguridad, sobre todo los abusos físicos y sexuales.

El fuego es otro peligro cada vez más significativo, ya que las llamas se propagan rápidamente en un ambiente seco y en los refugios realizados con materiales temporales. Cada vez son más frecuentes los incendios, el último en marzo 2023 destruyó más de 2500 refugios.

Proporcionar servicios de refugio, agua y saneamiento, reducción de riesgo de desastres, obtención y mejora de los medios de vida, educación, apoyo psicológico y protección a 45 000 familias (aproximadamente 200 000 personas) hogares de familias refugiadas de Myanmar y de las comunidades de acogida en Bangladesh.

Cáritas Bangladesh lleva trabajando en los campos de personas refugiadas en Cox´s Bazar desde el inicio de la crisis humanitaria; en agosto de 2017.  Desde entonces ha atendido directamente a más de 300.000 personas en los sectores de protección, refugio, agua y saneamiento, educación y medios de vida.

Cáritas Española contribuye a ello con un proyecto de acción humanitaria de 635 000 euros, de los cuales 600 000 son aportados por AECID, que se enfoca a garantizar los derechos de agua y saneamiento de la población rohingya y de la comunidad de acogida.

Por otra parte, seguimos apoyando un proyecto de protección y resiliencia de mujeres y niñas víctimas de violencia con un total de 126 285 euros, de los que 80 000 euros son aportados por la Comunidad de Madrid y con contribuciones de entidades privadas cómo PwC.